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Capítulo 2
La crisis sanitaria, económica y social con motivo del Coronavirus, y las manifestaciones pacíficas y violentas ocurridas a partir del 18 de octubre pasado, están provocando cambios relevantes en nuestra sociedad, en la economía y en el trabajo, que desafían al Estado, sus instituciones y regulaciones, como también a las empresas y a la sociedad civil. Y aunque es innegable que son momentos difíciles y complejos, representan también una oportunidad para visualizar oportunidades, para romper inercias y hacernos nuevas preguntas que incentiven la búsqueda de respuestas innovadoras que nos permitan enfrentar estos desafíos de manera oportuna, eficiente y eficaz.
En este sentido, rescatando tanto los desafíos como los aprendizajes del actual contexto, la agenda 2020-2021 integra un importante componente de continuidad de lo que veníamos trabajando, así como de nuevos temas relacionados al momento que vive nuestro país. Así entonces, incorporando ambas dimensiones, hemos reformulado la agenda de Políticas Públicas y la de Evolución Empresarial, mientras que para el caso de la agenda Internacional y de Desarrollo Regional, hemos querido dar continuidad a los temas que ahí se vienen trabajando.
En lo que a continuidad se refiere, en el contexto actual creemos que adquiere más pertinencia la agenda de modernización del Estado -sus instituciones, marcos regulatorios y empleo público– y de “La Cancha de lo Público”, entendido como ese espacio donde se debaten, diseñan, formulan, aprueban y evalúan las políticas públicas plasmadas en leyes, reglamentos y otros instrumentos normativos. De la misma forma es fundamental profundizar nuestra agenda de evolución empresarial, tanto en lo que se refiere a buenas prácticas empresariales accionables a nivel de cada empresa, como en proyectos abordados colectivamente para enfrentar desafíos públicos y sociales relevantes que requieren de capacidades empresariales.
En estas semanas de Covid-19 han adquirido relevancia múltiples iniciativas colectivas del mundo empresarial coherentes con esta línea que hemos desarrollado en SOFOFA.
En cuanto a nuevas temáticas, la cuestión constitucional adquiere mayor protagonismo en nuestra agenda de políticas públicas, y si bien seremos prescindentes en cuanto a las opciones que presenta el plebiscito, queremos ser protagonistas del debate sobre los contenidos que deben preservarse, o bien agregarse o modificarse de la actual Constitución, así como también en plantear las características del proceso a través del cual surgirá una nueva Constitución, o bien una reforma a la actual (según cual sea el resultado del plebiscito), características que deben incentivar la colaboración y los acuerdos por sobre el conflicto y la polarización. De la misma forma, los efectos acumulados por las manifestaciones violentas ocurridas a partir de octubre, y por las necesarias restricciones a la actividad para enfrentar la pandemia, hacen que la reactivación de la economía, la inversión y el empleo cobren especial relevancia; así como también, una agenda social especialmente focalizada en el acceso al trabajo de los sectores excluidos, en la formalización del empleo y en la reconversión de quienes arriesgan perderlo con ocasión de la aceleración de las tendencias asociadas a la Cuarta Revolución Industrial. Por su parte, en nuestra agenda de evolución empresarial, en circunstancias en que la sociedad post Covid-19 le representará más exigencias y demandas al mundo empresarial, debemos concluir el proceso de reflexión y actualización de nuestro manifiesto de propósito empresarial.
Entendemos estos desafíos como eslabones de una misma cadena, los que no debemos enfrentar de forma secuencial, sino que con una lógica sistémica, dinámica e interconectada. El desafío del crecimiento, de la inclusión y de la protección deben ser abordados hoja de ruta económica y social; así como con el desafío de fortalecer nuestras instituciones debe realizarse a través de un hoja de ruta política institucional. Ambas hojas de ruta son componentes de un mismo proceso, que se impactan y retroalimentan de forma continua.
El área de Evolución Empresarial nació en junio del 2017 bajo la convicción de que para fortalecer nuestro rol tradicional de promover políticas públicas para un Chile más moderno, desarrollado e inclusivo, era fundamental que una plataforma empresarial como la nuestra promoviera sistemáticamente buenas prácticas empresariales, ecosistemas colaborativos de innovación y proyectos colectivos para poner a disposición las capacidades empresariales para enfrentar desafíos públicos y sociales.
Luego de los acontecimientos de octubre de 2019, así como por la emergencia sanitaria y económica a consecuencia de la pandemia, se hizo evidente que la sociedad espera más de la empresa. Por esta razón, hemos trabajado recomendaciones de acciones empresariales tanto individuales como colectivas que construyan un mayor compromiso empresarial con sus trabajadores, clientes, proveedores, comunidades y el medio ambiente. El llamado es que nos desafiemos y rompamos las inercias, con acciones que no sólo aporten capital económico, sino también capital social.
Tras los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019, decidimos reemplazar nuestro tradicional Encuentro Anual de la Industria, por una Jornada de Reflexión Interna, la que contó con mensajes movilizadores e inspiradores por parte de la entonces intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, el psiquiatra Ricardo Capponi y el cientista político Daniel Mansuy, quienes remecieron a los asistentes con sus reflexiones, a través de la formación de un panel moderado por el presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín.
Luego de esta jornada -en la que participaron representantes de nuestras empresas socias y gremios- surgieron propuestas de acciones individuales a desarrollar por las empresas, que posicionen al mundo empresarial como un actor relevante en la colaboración y transformación de esta crisis en una oportunidad, con iniciativas de corto, mediano y largo plazo en tres dimensiones: mejorar el capital económico y social de los colaboradores, mejorar el capital económico y social de los proveedores y contratistas Pyme; y finalmente, profundizar una evolución en materia de cultura y propósito empresarial; y gobierno corporativo.
Las posibilidades de dar una milla extra y de esta forma mejorar el capital económico y social de nuestros colaboradores, son diversas. Algunas alternativas propuestas en nuestra Jornada de Reflexión fueron las siguientes:
Por su parte, para mejorar el capital económico y capital social de proveedores y contratistas Pyme, hemos identificado las siguientes iniciativas:
Finalmente, respecto a la cultura empresarial y gobierno corporativo proponemos:
Evolución Empresarial
Creemos que nuestro rol como SOFOFA debe trascender la suma de las acciones individuales de las empresas, enfrentando colectivamente desafíos públicos, sociales y medio ambientales, que por un lado constituyan oportunidades para potenciar la productividad de las empresas, y por ende el crecimiento, y por otro, que requieran de las capacidades propias de las empresas: articular, gestionar, innovar y tomar riesgos.
Hoy más que nunca, entendiendo tanto los desafíos como los aprendizajes del contexto actual, creemos que este rol cobra aún más sentido y fuerza, porque es esencial poner a disposición del gobierno y de la sociedad civil las capacidades del mundo empresarial para innovar y gestionar, y entregar respuestas ágiles e innovadoras en momentos difíciles.
En este sentido, en el área de Evolución Empresarial, hemos activado proyectos de cara a necesidades que han ido creciendo con la pandemia; como es en el caso de nuestro SOFOFA Hub, el que ha estado trabajando en el desarrollo del Fondo Privado de Adopción Tecnológica -bajo el alero de “SiEmpre” articulado por la CPC y sus ramas-, enfocando el desarrollo de una plataforma público-privada para facilitar el proceso de validación técnica y escalamiento de prototipos de ventiladores mecánicos en nuestro país.
Con esta misma lógica, nuestro gremio también se ha comprometido con otros proyectos que abordan materias prioritarias aceleradas por la
pandemia, como es el urgente desafío de la reconversión laboral. Es así como hemos desarrollado junto a la Fundación Chile, OTIC SOFOFA y el Sence, el proyecto de “Reconversión Laboral Inteligente” (RELINT). Este proyecto desarrollará una plataforma tecnológica basada en machine learning que permitirá vincular habilidades e intereses de las personas, con las demandas de empleo de las empresas. De esta manera de logrará orientar a las empresas, al Estado y a las personas con respecto a las habilidades requeridas para la reconversión, facilitando esa transición.
Es en esta plataforma digital de RELINT donde convergen, por un lado las necesidades laborales de las empresas, ya sean de upskiling para trabajadores actuales que requieran capacitaciones específicas que les permitan asumir un nuevo rol en la empresa o de reskilling para trabajadores cuyo trabajo está amenazado en la empresa -en base a sus nuevos modelos productivos o de servicio- y necesitan una capacitación basada en habilidades que demanda el mercado laboral para así facilitar su empleabilidad.
En nuestras acciones colectivas seguiremos trabajando con este propósito e incorporando las necesidades y aprendizajes del contexto actual en nuestros proyectos que hemos venido impulsando en los últimos años y que a continuación detallamos.
Puesta en marcha en mayo de 2019, SOFOFA Hub es una iniciativa que -a través de un ecosistema colaborativo- busca abordar desafíos empresariales y vincularlos con soluciones y capacidades de los ecosistemas de innovación y emprendimiento global y local. Convergen en nuestro Hub universidades, emprendedores, centros tecnológicos, y empresas a quienes queremos ayudar a resolver de manera colaborativa, sus desafíos transversales y pre-competitivos.
En SOFOFA Hub contamos con 7 socios estratégicos que integran el Comité Ejecutivo. Dentro de sus funciones exclusivas se encuentran: el levantamiento y recepción de requerimientos de soluciones tecnológicas por parte del mercado y sus distintos actores; el análisis y priorización de los distintos requerimientos del mercado y de la cartera de proyectos del SOFOFA Hub; y la supervisión del desarrollo y avance de los distintos proyectos del Hub, esto independiente del rol directo que en ese aspecto desempeñarán los distintos comités directivos a cargo de cada proyecto en particular.
En torno a cada proyecto organizaremos una red de empresas que tienen un desafío común y pre-competitivo el que puede estar conformado, o no, por nuestros socios estratégicos. Bajo ese contexto, hemos articulado una convocatoria para buscar soluciones a los desafíos de la escasez hídrica junto a 6 empresas y el Gobierno de Israel; un proceso de evaluación y eventual escalamiento de soluciones al Caligus -un parásito que para la industria de salmones significa un costo de 350 de millones de dólares al año-; la articulación de un sistema de gestión de residuos no domiciliarios para cumplir las metas de la Ley REP, entre otras iniciativas.
En el contexto del Covid-19, nos hemos posicionado como un actor relevante en conectar innovaciones con consejos de expertos que las evalúen de manera ágil, el sector público y potenciales empresas u organizaciones que escalen su producción. De hecho, nuestro Hub es el gestor y articulador del Fondo de Adopción Tecnológica creado bajo el alero del Fondo Privado SiEmpre (Solaridad e Innovación Empresarial) articulado por la CPC y sus ramas.
La acción del Fondo de Adopción -que cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación- se enfocará en dos ámbitos, por una parte dispositivos y equipamientos y por otra, tratamientos y diagnósticos. En la primera materia, SOFOFA Hub, junto con el BID, Social Lab y un equipo de expertos convocados por Eduardo Bitrán y apoyados por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (SOCHIMI), lideramos la iniciativa “Un Respiro para Chile” que ya preseleccionó 5 proyectos de respiradores mecánicos, apoyados por el Fondo SiEmpre.
Durante 2019 avanzamos en la creación del modelo de gobernanza, la elaboración de los estatutos, la convocatoria con éxito de socios estratégicos y la articulación de los primeros proyectos colaborativos.
Lanzamiento CBT
SOFOFA Hub apoyado por CORFO, cuenta con el Centro de Biotecnología Traslacional (CBT) que busca aumentar la productividad de diferentes sectores de la economía, mediante la aplicación de tecnologías, generando condiciones propicias para el desarrollo de la biotecnología en el país.
El Directorio del CBT, está compuesto por 7 miembros:
La Red de Empresas Inclusivas (ReIN) nace en 2015 con el objetivo de potenciar la inclusión laboral de personas con discapacidad (PcD). Queremos aprovechar nuestra condición de plataforma que conecta a muchas empresas para proponerles herramientas que promueven y facilitan la inclusión laboral.
Para 2020 queremos seguir dando pasos importantes en inclusión laboral y sabemos que para esto es importante estrechar los lazos con el sector público y generar instancias de reflexión y conversación con autoridades.
Además, seguiremos con nuestro compromiso con la formación y capacitación de personas con discapacidad, potenciando lazos con la academia, convirtiéndonos en sensibilizadores de los centros de formación en esta materia, y conectando sus planes formativos con los desafíos reales de las empresas. Junto con ello, queremos aprovechar nuestra capacidad de conectar a las empresas para entregar herramientas a toda la organización.
Cuenta Anual ReIN 2019
En base a estos desafíos hemos congregado a los socios de la Red en mesas de trabajo, para abordar diversas iniciativas entre las que destacan los “Talleres de Formadores” enfocados a entregar herramientas a los coordinadores ReIN, la construcción de un sistema de gestión para la inclusión, la medición a través de la herramienta MILE (Medición de Inclusión Laboral Empresarial) dentro de las empresas, así como seguir incentivando a más compañías a que se sumen a la tarea de potenciar la inclusión laboral de personas con discapacidad.
El año 2019 fue muy importante para la ReIN ya que hubo grandes hitos entre los que destacan:
Este proyecto público privado nace en 2018 en la Mesa 11 de la iniciativa Compromiso País, compuesta por la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, el presidente de la Red Forjar, Gustavo Donoso, la académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto y el presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín. Tiene como propósito aumentar la empleabilidad de jóvenes entre 18 y 25 años del 40% más vulnerable de Chile, labor que buscamos desarrollar mediante la conexión entre la formación de competencias laborales (técnicas y socioemocionales) de los jóvenes, con los requerimientos reales de capital humano de las empresas.
Para ello, promovemos la activación y articulación de 3 redes complementarias entre sí, las cuales se pilotearán inicialmente en cuatro regiones de nuestro país: Coquimbo, Valparaíso, Concepción y la Región Metropolitana.
Este proyecto -que tiene su origen en 2018- tiene como objetivo desarrollar iniciativas alineadas con los principios de la economía circular, articulando a las empresas, el Estado y organizaciones de la sociedad civil. En concreto se lleva a cabo a través de dos dimensiones:
1) Capacitación y certificación de Recicladores de Base:
En conjunto con la OTIC SOFOFA, el Movimiento Nacional de Recicladores de Base, la OIT, la Fundación Emplea del Hogar de Cristo y el apoyo de Nestlé, CCU y Sence, realizamos un piloto con foco regional, para la institucionalización, reconocimiento y profesionalización de los Recicladores de Base.
La nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), exige que estos trabajadores, estén certificados bajo el perfil de competencia de Chile Valora. Para apoyarlos, diseñamos y codificamos una capacitación que les permitiera cumplir con este requisito.
Más de 90 recicladores de Valparaíso y Concepción realizaron la capacitación semipresencial, gracias a una innovadora malla creada especialmente para este proyecto, por los mismos actores que participan, en base a contenido entregado a través de tablets. Este programa contó con un 97% de asistencia total y un 100% de aprobación bajo el perfil de Chilevalora.
2) Acuerdo de producción limpia de eco-etiquetado de envases y embalajes:
Esta iniciativa es fruto de un trabajo conjunto de SOFOFA, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en el que representantes empresariales, recicladores, valorizadores y expertos en el área del reciclaje, acordaron una propuesta para generar un sello de reciclabilidad en los envases, que tiene como objetivo incidir en la preferencia de compra del consumidor y contribuir a la experiencia de reciclaje. Para ello, se definió una metodología específica, considerando tres variables a evaluar para cada envase o embalaje: reciclabilidad, separabilidad y demanda. Superando ciertos niveles mínimos, los envases se considerarán altamente reciclables, pudiendo incorporar un logo que indique ese atributo.
La distinción se refleja en el siguiente sello:
A la fecha son 29 empresas las que se han adherido a la iniciativa de eco-etiquetado de envases y embalajes:
En 2015 creamos el Centro Medio Ambiente y Energía con el objetivo de contar con más y mejor información del país en estos temas, mejores normativas generales, que en definitiva permitan mejorar la evaluación de nuevos proyectos de inversión. El propósito del Centro es ser un interlocutor entre las empresas y las autoridades, para la formulación de políticas eficientes en energía y medio ambiente, que fomenten la productividad.
Para abordarlo, nos enfocamos en tres líneas de acción:
• Información ambiental de alta confiabilidad.
• Creación de capacidades para la generación de conocimiento entre las partes.
• Portafolio de proyectos de alto beneficio socioambiental.
Actualmente, contamos con 10 empresas vinculadas al centro:
Algunos de los logros 2019 que nos gustaría destacar son:
• Contribución al mejor diseño de planes de descontaminación atmosférica en diferentes zonas industriales de Chile.
• Fortalecimiento de instrumentos económicos de gestión ambiental, tales como la “compensación de emisiones atmosféricas”.
• Mejor diseño de compromisos internacionales relativos a cambio climático, destacando la posibilidad que el país sea beneficiario de fondos internacionales ligados a adaptación y mitigación.
• Participación en diversas instancias de cooperación en temas como economía circular, transporte de baja o nula emisión, vivienda sostenible, aplicaciones ambientales de internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y educación ambiental.
Sabemos que todavía hay mucho por hacer y para 2020 nos hemos propuesto una serie de desafíos como la colaboración en el diseño y la implementación de planes de descontaminación atmosférica, la implementación del Centro de Excelencia para el Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos, la continuidad de la estrategia de fortalecimiento del instrumento “Compensación de Emisiones Atmosféricas”, la contribución en el desarrollo o actualización de nuevas normas ligadas a descontaminación atmosférica, en el diseño de regulaciones concernientes a descontaminación hídrica, la colaboración en los desafíos ligados a implementación del concepto de economía circular en el país, el fortalecimiento de la educación ambiental, junto con el desarrollo y fortalecimiento de instrumentos de gestión asociados al cambio climático en el marco de la COP26.
Visita de embajadora de Finlandia en Chile a Quintero por proyecto test de Inter-comparación de mediciones de contaminante
Los últimos años han estado marcados por las llamadas zonas de “sacrificio” debido a la tensión existente entre el mundo industrial y los ciudadanos, principalmente por la calidad del aire y el material particulado.
A través de nuestro Centro Medio Ambiente y Energía, nos hemos preocupado de abordar desafíos entre las empresas y comunidad, gracias a la investigación y consolidación de información relevante y trazable en el tiempo. Junto con ello, hemos aportado a la discusión con monitoreo de calidad del aire cumpliendo con los más altos estándares internacionales.
De esta manera, en conjunto con la embajada de Finlandia, el apoyo de AES Gener y ENEL, lideramos la aplicación del primer test de inter-comparación de mediciones de contaminantes atmosféricos realizado en Chile en la zona de Quintero. Los resultados de este estudio, que tuvo una inversión aproximada de medio millón de euros, fueron presentados en 2019 en una actividad encabezada por el Ministerio del Medio Ambiente y SOFOFA.
Esperamos que esta zona pase a ser una referencia de cómo se enfrenta el desafío de reducir emisiones y hacer compatible el desarrollo industrial con las comunidades, el turismo y las actividades que se realizan.
Los estudios realizados por nuestro Centro Medio Ambiente y Energía han recabado antecedentes que nos permiten un mejor análisis de las responsabilidades sectoriales en la contaminación atmosférica de las zonas reguladas.
Sumado a esto, se han construido antecedentes para dimensionar de mejor manera los compromisos que el país enfrenta en el contexto del desafío internacional del control del cambio climático global. Este esfuerzo ha conducido a exigencias mejor focalizadas, lo que se expresa en estrategias de sustitución de emisiones (provenientes de la quema de leña residencial y del transporte de vehículos diésel a escala local; y en la identificación de oportunidades de reducción de emisiones de CO2e).
En particular, logramos activar una estrategia de fortalecimiento del denominado “Sistema de Compensación de Emisiones Atmosféricas” desarrollando iniciativas tras la sustitución masiva de estufas a leña por sistemas de calefacción eléctrica. Este proyecto -que tiene su origen en 2017- a la fecha ha logrado reemplazar sistemas de calefacción en más de 5.200 hogares de la Región Metropolitana.
Dados los beneficios de esa sustitución, se han reducido más de 100 ton/año de material particulado fino y más de 9.000 ton/año de CO2e. Debido a esto, las autoridades han solicitado escalar el programa en la Región Metropolitana y en el centro sur del país, además, de solicitar complementarlo con la iniciativa “Aulas Sostenibles”, que busca elevar los estándares de educación ambiental en Chile.
5.2000
hogares de la RM se han beneficiado con el reemplazo de sistema de calefacción desde 2017
reducción de más
100 ton/año
de material particulado fino y más de 9.000 ton/año de CO2e.
La plataforma Pymes se inspira en el principio que micro, pequeñas y medianas empresas son eslabones de una misma cadena llamada economía.
En este contexto, durante 2019 suscribimos un acuerdo junto a la Confederación Nacional de la micro, pequeña y mediana empresa (CONAPYME), en el que nos comprometimos a trabajar en una agenda que por un lado, desarrolle una iniciativa concreta y de corto plazo: crear una plataforma de mediación entre grandes empresas y proveedores Pymes y, por el otro lado, trabajar en una agenda de políticas públicas pro-competitividad que contemple los posibles perfeccionamientos a la Ley de Pago a 30 días, el proyecto de ley de portabilidad financiera y el nuevo estatuto de capacitación y empleo (reforma a SENCE).
La Plataforma de mediación entre grandes empresas y proveedores Pymes, desarrollada en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), tiene el objetivo de promover la mediación como mecanismo de resolución de conflictos entre empresas. Esta negociación es voluntaria y cuenta con la presencia de un tercero imparcial, que ayuda a resolver el conflicto en un espacio de diálogo, de manera expedita, evitando llegar a la judicialización. El proceso es confidencial y cuenta con un acuerdo final que recoge los intereses de ambas partes.
Con el objetivo de crear instancias para generar vínculos comerciales entre organizaciones que buscan la construcción de una nueva economía, a través de su impacto positivo y la solución a problemas comunes, participamos durante 2019 y 2020 de 8 Rondas de Negocios con Impacto en las regiones de Metropolitana, La Araucanía, Coquimbo y Bíobío.
Esta Plataforma B2B, que apoyamos como gremio y que es co-organizada por CORFO, Mentores de Impacto y Sistema B, busca articular el triple impacto, en ámbitos económicos, sociales y ambientales, entre emprendimientos, Pymes, Empresas B, grandes empresas, y organizaciones públicas y privadas de diversos rubros y temáticas. Debido a la pandemia del Covid-19, la última Ronda se realizará a fines de mayo, de manera 100% virtual, y se espera que cuente con la participación de más de 800 empresas a nivel nacional.
A raíz del impacto que generó en miles de Pymes, los hechos ocurridos en octubre de 2019, durante diciembre, apoyamos la realización de la feria navideña “#ElijoPyme”, iniciativa conjunta con la Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Economía en la que participaron más de 500 Pymes, las que pudieron acceder a un espacio para comercializar sus productos.
Sumado a esto, generamos otra instancia en conjunto con Desafío Levantemos Chile y nuestras empresas socias, a través del programa Apoyo MIPYME para distintas comunas de la Región Metropolitana. El trabajo, que contó con el aporte de nuestras empresas socias, entregó apoyo técnico (mentoría) y económico a las Pymes.
Entendiendo la urgencia de capacitar y entregar herramientas a los cerca de 500 mil jóvenes entre 15 y 29 años, que no estudian ni trabajan, nace en 2018 Protagonistas, un programa que tiene como objetivo, mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes fuera del sistema escolar, mediante un complemento técnico y uno experimental. El complemento técnico se otorga en la enseñanza media de la Escuela de Reingreso Betania -de Fundación Súmate- que recibe a jóvenes que han estado dos o más años fuera del sistema escolar, mientras que el complemento experimental se traduce en 3 visitas anuales a empresas, donde los estudiantes son recibidos por un colaborador, quien es el mentor responsable de acercar al joven a una experiencia laboral.
En alianza con Actitud Lab, la Fundación Súmate del Hogar de Cristo y Chile Valora, hoy son más de 140 estudiantes los que han participado de esta iniciativa, 195 voluntarios de empresas capacitados, más de 200 horas de formación de oficio por estudiante, 21 empresas participando con un 86% de satisfacción, un 85% de los alumnos pudo identificar oportunidades de mejora en su formación y un 94% cree que los consejos de su tutor le servirán para ingresar al mundo laboral.
Desde 2020, buscaremos expandir Protagonistas a otros colegios y así poder impactar a más jóvenes que necesitan oportunidades.
Comprendiendo el valor que puede darse de la relación entre la Educación Media Técnico Profesional y las empresas, nace en 1981 la Red de Liceos, una iniciativa de la Corporación Educacional SOFOFA que busca por un lado que los establecimientos educacionales formen jóvenes con habilidades y competencias acordes a las necesidades del mercado y, por otro lado, que las empresas cuenten con este recurso humano según lo requieran.
Actualmente, a través de la Corporación SOFOFA administramos 5 liceos de Educación Media Técnica Profesional en la Región Metropolitana: el Liceo Industrial de San Miguel Agustín Edwards Ross, el Liceo Bicentenario de Electrotecnia Ramón Barros Luco, el Liceo Bicentenario Industrial Vicente Pérez Rosales, el Liceo Industrial Domingo Matte Pérez y el Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín.
Estos liceos fueron los primeros establecimientos en Latinoamérica en certificarse internacionalmente en ISO 29990 y durante el año 2019 atendieron en total a 3.505 alumnos de sectores vulnerables.
La relación virtuosa que hemos construido entre empresa y liceos nos motivó a realizar las siguientes actividades durante 2019:
• Gira a Estados Unidos
A comienzo del año pasado, el directorio de la Corporación SOFOFA realizó una gira a Estados Unidos, con la finalidad de conocer instituciones para jóvenes de entre los 15 y 17 años, donde existiera la modalidad del Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP). Durante las visitas, los directores lograron conocer la Metodología ABP, además de descubrir nuevas aristas asociadas al trabajo colaborativo.
Directorio de la Corporación SOFOFA visitó instituciones educacionales de Estados Unidos con modalidad de Aprendizaje Basado en Proyecto.
• Implementación Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en La Cisterna
A partir de la visita a Estados Unidos, el Liceo Ramón Barros Luco de La Cisterna, incorporó el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como una herramienta metodológica que permite a los docentes generar una educación de calidad, propiciando la iniciativa y motivación en los jóvenes.
• Liceos Bicentenario
Con el objetivo de seguir entregando educación de calidad, postulamos a la Red de Liceos SOFOFA a convertirse en Liceo Bicentenario. Este es un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación.
El Liceo Ramón Barros Luco, fue el primero de los cinco establecimientos en recibir esta distinción, postulando en dos categorías; fortalecimiento educativo y también en términos de mejora en infraestructura y equipamiento inmobiliario.
• Proyecto Bicentenario Vicente Pérez Rosales
A fines de 2019, el Liceo Bicentenario Industrial Vicente Pérez Rosales también recibió la categoría de Bicentenario. El proyecto presentado en fortalecimiento educativo propicia que los estudiantes que se formen en el establecimiento cuenten con herramientas necesarias para obtener una mejor empleabilidad, a través de certificaciones de empresas asociadas al rubro, las que se encargarán de verificar que los estudiantes cumplan con las competencias requeridas por la industria.
En materia de infraestructura y equipamiento, se creará una sala de Innovación y Tecnología, acercando a los estudiantes a un entorno lo más parecido a las empresas en las que trabajarán.
Con el objetivo de acelerar la transición de Chile a la economía digital y abordar las demandas de un nuevo mercado -expandiendo las oportunidades de personas y empresas- nace en 2019 el proyecto Talento Digital, iniciativa público-privada ejecutada por Fundación Chile y Fundación Kodea, y conformada por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio del Trabajo y Previsión Social; SENCE; CORFO; el Banco Interamericano de Desarrollo; la CPC; la Asociación de Empresas de Tecnologías de Información; OTIC SOFOFA y nosotros.
Inspirados en el exitoso modelo internacional New York Tech Talent Pipeline, sumamos esfuerzos y capacidades para articular e implementar los mecanismos necesarios para identificar la demanda de talento, gestionar los procesos de capacitación laboral, evaluar los resultados de los entrenamientos y promover oportunidades de empleo para personas que estén preparadas para las industrias 4.0. Esto, en todas las regiones de nuestro país.
A través de la metodología de bootcamps, buscamos desarrollar habilidades en un periodo de no más de tres meses, cambiando
radicalmente el paradigma tradicional de enseñanza-aprendizaje, y siguiendo las tendencias internacionales en innovación educacional. La meta es contar con 16.000 personas entrenadas durante los 4 años del proyecto.
La vinculación de las empresas en esta red les permite vivir la revolución 4.0 de manera colaborativa con otras organizaciones que están atravesando los mismos cambios y tienen los mismos desafíos. Es un ecosistema que facilita los encuentros necesarios y positivos para ese transitar; un espacio donde, por medio de encuentros formativos, se abre la reflexión y la incorporación de contenidos importantes para el proceso, se favorece la integración de nuevos talentos por medio del acceso a quienes egresan del programa y se promueve la posibilidad de especialización de sus propios colaboradores por medio de programas de entrenamiento digital.
Durante el 2019 trabajamos en la definición de los 28 perfiles formativos. De éstos, se priorizaron 4 perfiles y se lanzaron 1.500 becas. Para 2020 tenemos proyectado ampliar aun más el número de becas en otros perfiles, las que ya se están comenzando a ejecutar a través de una modalidad online.
El pasado 14 de enero se llevó a cabo la III Jornada de Evolución Empresarial, instancia que desde 2018, reune a consejeros junto a presidentes y gerentes generales de nuestras empresas y gremios socios con el objetivo de reflexionar sobre las acciones que deberían implementar las empresas para asegurar una correcta evolución, que les permita responder mejor a los desafíos de la sociedad
Con un foco especial en la contingencia actual del país, la Jornada de este año tuvo como objetivo reflexionar sobre las acciones que desde SOFOFA hemos promovido en el cambiante y desafiante contexto actual, y a generar un espacio para pensar y discutir sobre nuevas acciones que podrían responder a las exigencias de hoy, desde las empresas.
La actividad comenzó con la presentación de la co-presidenta del Comité de Evolución Empresarial, Carmen Román, quien presentó las acciones que se han impulsado desde el Comité en base a sus tres pilares estratégicos: buenas prácticas, soluciones privadas a desafíos públicos e innovación. Luego, se invitó a los participantes a analizar la importancia de emprender acciones colectivas y posteriormente a reflexionar sobre cuál debería ser el propósito de la empresa a través del análisis de una propuesta inicial para provocar la discusión y que se encuentra en el siguiente inserto. En base a esta propuesta inicial, el trabajo realizado en la jornada de reflexión y los cambios de contexto, propondremos un manifiesto de propósito empresarial en el tercer trimestre del año 2020.
Entendemos la empresa como un espacio donde convergen diversas fuerzas: el empresario que aporta la idea, el empuje inicial y el capital emprendedor; el inversionista el capital financiero; los trabajadores su esfuerzo, creatividad y talento personal; los proveedores su compromiso y capital tecnológico; los clientes y la comunidad su confianza y el medio ambiente su entorno natural.
Es esta empresa la que tiene un rol fundamental en el proyecto de hacer de Chile un país más desarrollado, moderno e inclusivo; un país que le permita a sus ciudadanos realizar sus diversos proyectos de vida.
Para cumplir ese rol, el Propósito de la empresa debe combinar una Esencia que trascienda los tiempos, y una Evolución que se adapte a ellos. Esencia y Evolución entendidos como conceptos íntimamente ligados, porque una Evolución empresarial que se contrapone a los elementos fundamentales de la Esencia de la empresa, no es sostenible en el tiempo.
Reafirmamos y profundizamos por lo tanto nuestro compromiso con 6 elementos distintivos de la Esencia de la empresa:
Su imperativo para generar valor de largo plazo para sus accionistas integrando horizontes de corto, mediano y largo plazo; así como metas de crecimiento, rentabilidad y sustentabilidad.
Su deber de rendición de cuentas en forma transparente y responsable hacia accionistas o propietarios, activos y pasivos, en relación a su estrategia y capacidad para generar valor de largo plazo.
Su vocación emprendedora e innovadora para idear soluciones que satisfagan las diversas necesidades de las personas y contribuyan a realizar sus proyectos de vida.
Su capacidad para asignar recursos en forma costo-eficiente, asumiendo con eficacia el problema de su escasez frente a los múltiples desafíos y necesidades.
Su compromiso con el bienestar y desarrollo de las personas que la integran, asegurándoles un trato y retribución justa y coherente con su talento, productividad y esfuerzo.
Su compromiso proactivo y sistemático con la libre competencia en los mercados, que trascienda la sujeción a los marcos regulatorios que establezcan los Estados para resguardarla.
Pero consideramos que es también parte de la Esencia de la empresa su capacidad de Evolución, la que comprometemos en 6 elementos fundamentales:
Un Propósito movilizador e inspirador vinculado con las soluciones que la empresa ofrece para abordar los desafíos que enfrenta el planeta, la sociedad y las personas.
La generación de valor para trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente, a través de una gestión sistemática y basada en métricas, como imperativo para hacer sustentable la generación de valor de largo plazo para los accionistas.
La transparencia, como sello para responder a un necesario, legítimo y siempre creciente escrutinio público de la sociedad hacia la actividad empresarial.
El compromiso con la diversidad de género, profesiones, capacidades y talentos, porque no solo es justo, sin también necesaria para la toma de decisiones en un entorno, complejo, dinámico e impredecible.
La reconversión de trabajadores y la formación de jóvenes hacia las capacidades y talentos que demanda la Cuarta Revolución Industrial.
La colaboración pre-competitiva, entre empresas y con el Estado, la academia y la sociedad civil, para enfrentar desafíos públicos y sociales que contribuyen a construir una sociedad más justa y un planeta más sustentable.
En suma, el Propósito de la empresa debe estar anclado en su Esencia, así como adaptarse proactivamente a un mundo en Evolución.
Es evidente que tanto la crisis social desencadenada en el tercer trimestre del 2019, caracterizada por manifestaciones masivas pacíficas y por un desborde de violencia inusitado en el país, como la crisis sanitaria (que también es económica y social) generada a partir de marzo del 2020 como consecuencia de la pandemia, configuran un contexto que desafía a todos los actores –Estado, empresa y sociedad civil– a redoblar su compromiso con un proyecto país que transforme esta profunda crisis en una oportunidad. En SOFOFA queremos asumir un compromiso empresarial con un proyecto país en dos dimensiones: una Hoja de Ruta Política Institucional y una Hoja de Ruta Económica y Social que se sustente en los siguientes principios generales: Dignidad de las Personas, Libertad, Propiedad, Estado de Derecho, Orden Público/Paz Social y Solidaridad. Es fundamental también que ambas hojas de ruta –la Político Institucional y la Económico Social- consideren las tendencias asociadas a la Cuarta Revolución Industrial que, con ocasión de la pandemia, se han acelerado y que de ser ignoradas por nuestro país y sus regulaciones corremos el riesgo de quedar rezagados en la ruta al desarrollo intregral.
Una Hoja de Ruta Política Institucional y una Hoja de Ruta Económica y Social son eslabones de una misma cadena que se requieren mutuamente. La mejor política social es el crecimiento económico, pero este no es posible sin un pacto social que integre y proteja a quienes quedan en el camino por diversas circunstancias. Ambos –crecimiento; inclusión y protección– requieren por su parte de un marco político institucional que goce de confianza ciudadana.
Preferimos el concepto de hoja de ruta que el de pacto. El primero sugiere un destino inspirador y ambicioso, pero al mismo tiempo propone un camino dinámico y realista, porque asume que hay estaciones donde se re-evalúan las opciones tomadas y su eficacia. Porque en la ruta se corrigen errores, se aprende en conjunto o se adapta el camino a los cambios de contexto. En la ruta la legitimidad se construye al andar, nunca es un edificio definitivo.
Finalmente nuestra agenda de políticas públicas es versátil para buscar soluciones innovadoras a los principales desafíos de nuestro país. Algunas respuestas podrán encontrarse en el marco constitucional, otras en el ámbito de la modernización del Estado.
Los cambios que se introduzcan a la Constitución o a una nueva Constitución, según cual sea el camino que los chilenos definan en el plebiscito de octubre, no tendrán el efecto anhelado si, no se enfrentan con igual decisión la postergada modernización del Estado y de “La Cancha de lo Público”, entendida como ese espacio donde se debaten, diseñan, aprueban, formulan y evalúan las políticas públicas plasmadas en leyes, reglamentos y otros instrumentos normativos; así como el desarrollo de un proceso de descentralización inteligente y gradual. Estas tres dimensiones han sido parte esencial de la agenda que desde SOFOFA hemos impulsado desde el año 2017 y adquieren, en el contexto actual, especial importancia.
Políticas Públicas
Una condición mínima habilitante para desarrollar un proceso de modernización de nuestro marco institucional para que goce de mayor confianza ciudadana, son los primeros tres conceptos del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución: orden público, respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad.
Es fundamental que la política, la sociedad civil y el mundo empresarial asumamos un firme compromiso con estas tres condiciones fundantes de la democracia. Como SOFOFA nos comprometemos a mostrar testimonios del profundo daño a las empresas de todo tipo y tamaño y a sus trabajadores que la violencia genera. Asimismo, instaremos a los poderes del Estado, y a las fuerzas de orden y seguridad, para que con el debido respeto de los derechos humanos y dentro del marco de la Constitución y las leyes, asuman la responsabilidad de asegurar la base fundante de toda sociedad: el derecho a vivir en paz.
Pese a que se han realizado muchos cambios a nuestra Constitución en las últimas tres décadas, fue a partir de los hechos del 18 de octubre de 2019 que esta discusión se instaló con más fuerza en el debate público. Fue así que el 15 de noviembre del año pasado, y en el marco de una extrema violencia en las calles, la mayoría de los partidos políticos firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Este hito expresó un compromiso con el restablecimiento del orden público, el respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad vigente, diseñando un itinerario electoral que permitiera a los ciudadanos pronunciarse sobre la posibilidad de contar con una nueva Constitución y el mecanismo para abordar su elaboración. El itinerario electoral fue postergado por el impacto de la pandemia. El compromiso con el restablecimiento del orden público, el respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad vigente, no se ha expresado en señales y acciones que estén a la altura de esa base fundante de toda sociedad como es el derecho de los ciudadanos de vivir en paz.
De cara a este proceso, y manteniéndonos como prescindentes frente a las opciones de “apruebo” o “rechazo” que el plebiscito presenta a la ciudadanía, la importancia y necesidad de aportar con nuestra mirada al debate de fondo, proponiendo los contenidos, así como la forma y alcance, que en nuestra opinión debería tener nuestra Constitución (reformada o nueva). De igual modo, nos parece urgente insistir en las mínimas condiciones democráticas que deben acompañar este proceso, cualquiera sea la alternativa que opten las chilenas y chilenos en el plebiscito, que garanticen la libertad y el respeto para discutir, elegir y decidir, excluyendo toda la violencia y coacción -física, verbal y moral- con que algunos han pretendido imponer sus visiones y puntos de vista. Nos oponemos a cualquier intento de captura de este debate, cualquiera sea quien lo pretenda, ya que estamos convencidos de que la legitimidad de esta discusión, como también su resultado, descansa en cuan libre, democrático e institucional sea este proceso.
• Identificar los contenidos esenciales en torno al orden público económico, así como identificar dónde se encuentran las principales convergencias y divergencias en materias relevantes tales como: la autonomía del Banco Central y su ampliación a otros órganos del Estado de Chile, la iniciativa exclusiva del gasto público en el Presidente de la República; el principio de no discriminación del Estado; el principio de autonomía de las organizaciones de la sociedad civil; el derecho de propiedad y el procedimiento de expropiación; las reglas de ley de presupuesto; el principio de no afectación tributaria; la igual repartición de cargas públicas; la accionabilidad de derechos; entre muchas otras.
• Identificar las reglas de funcionamiento del proceso constituyente que se generaría si es que en el plebiscito gana la opción “Apruebo”, que garanticen la libertad y el respeto para discutir, elegir y decidir en ausencia de violencia, coacción y captura del debate; asociadas a temas tales como el sistema de votación, la aplicación del quórum de 2/3, la expresión práctica del concepto de “la hoja en blanco”, el voto secreto, el equilibrio entre transparencia y capacidad de discernimiento libre de coacción en las sesiones y respeto a las limitaciones previamente establecidas.
• Vincular la actividad empresarial con el proceso constitucional desplegando un plan de incidencia que permita dilucidar sus consecuencias e impactos, despejando incertidumbres y relevando acuerdos.
4 principios que proponemos establecer:
teniendo acceso a bienes públicos de calidad y mereciendo un trato justo por parte de las instituciones del Estado.
al Estado de Derecho y al orden institucional erradicando la coerción ilegítima y asegurando el derecho de toda persona a vivir en paz.
decidido en el que prevalezca la confianza y la capacidad de llegar a acuerdos que perduren en el largo plazo.
para desarrollar proyectos de vida en los ámbitos personal, comunitario y económico.
Creemos que la modernización del Estado, sus instituciones, regulaciones y gestión, es prioritaria para acompañar el proceso de desarrollo y la construcción de una sociedad más justa e integrada. En momentos donde en todo el mundo se discute sobre el rol y la forma del aparato público, sostenemos que es un imperativo ético apuntar hacia su mayor eficiencia y eficacia, generándose una sinergia positiva con los esfuerzos y objetivos del ámbito privado, tanto empresarial como de la sociedad civil.
Por lo mismo, en SOFOFA no sólo hemos sido un referente en estas materias, impulsando conversaciones y debates, transformándonos en un espacio de encuentro y puente de diálogo para la articulación de distintas visiones, sino también hemos querido transmitir que la modernización del Estado es clave para el mayor progreso del país, el que requiere recuperar una senda de crecimiento sostenible para satisfacer las legítimas
necesidades y demandas de las personas. Y así como las políticas sociales no se oponen al crecimiento, más bien todo lo contrario, de la misma forma los actores públicos y privados son socios en la tarea de crecer sostenidamente y reducir las desigualdades en el acceso y calidad de bienes públicos como salud, pensiones y educación, para contribuir a la mayor prosperidad y paz social.
La modernización del Estado es una agenda amplia y ambiciosa. Abordarla de manera integral, normalmente se transforma en la mejor excusa para postergar su implementación. En SOFOFA consideramos imperativo avanzar en 4 dimensiones:
• La eficacia y eficiencia del gasto público;
• El empleo público;
• La autonomía de ciertas institucionalidades públicas respecto del ciclo político;
• Plataforma de acceso abierto y digital a la información pública.
3 principios que proponemos establecer:
Para mejorar la cancha donde transcurre lo público y como consecuencia, lograr el necesario complemento entre la política y la técnica, voluntad y evidencia, como los objetivos y los instrumentos más idóneos para lograrlos, es necesario institucionalizar un proceso de debate, formulación y evaluación regulatoria dinámico, participativo y resolutivo para evolucionar hacia un Estado moderno y eficaz. Para ello creemos indispensable establecer una institución especializada que promueva la calidad regulatoria y coordine de manera sistemática todos los esfuerzos del Estado en evaluación de impacto regulatorio.
Crear una Agencia de Calidad de Políticas Públicas que concentre la misión de velar por la calidad tanto de la regulación, como de los procesos de formulación y evaluación. Esta Agencia tendrá como objetivos:
• La coordinación, supervisión y evaluación ex ante de impacto regulatorio.
• La activación, coordinación y supervisión de dispositivos de participación ciudadana, experta y de agentes regulados.
• La promoción y realización de evaluaciones ex post de los programas, regulaciones e iniciativas de inversión.
Actualmente, esta tarea recae en múltiples órganos gubernamentales, lo que finalmente significa falta de supervisión por parte de una gobernanza o marco institucional.
Estamos convencidos que tener una Agencia dedicada exclusivamente a estandarizar, integrar y coordinar los distintos procedimientos del proceso de debate, diseño, formulación y evaluación de impacto regulatorio sería una fortaleza para el Estado.
Esto con un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con un gobierno corporativo cuya dirección superior debiera recaer en un cuerpo colegiado como un Consejo Directivo.
3 principios que proponemos establecer:
entre el sentido común ciudadano, la política y la técnica, entendido como el conocimiento experto y la evidencia.
en el proceso, en la gestión y en las herramientas utilizadas para la formulación y evaluación de políticas públicas.
de las agencias de supervisión del proceso regulatorio para estandarizar, integrar y coordinar los distintos procedimientos de dicho proceso.
Reducir las desigualdades territoriales en capacidades y oportunidades de desarrollo, potenciando el crecimiento e inversión local, en total coherencia con nuestra condición de nación y estado unitario, es como en SOFOFA entendemos la descentralización.
Trabajaremos bajo los siguientes lineamientos generales:
• Nos parece fundamental que el proceso de descentralización no sea en oposición sino que en coherencia y coordinación con nuestra condición de nación y estado unitario.
• En circunstancias que ya es una realidad la elección popular de gobernadores regionales que se suma a la elección popular de alcaldes, nos parece fundamental activar un debate sobre una implementación inteligente y gradual de un plan de transferencia a gobiernos regionales y municipales de facultades, competencias y recursos a través de Acuerdos de Transferencia de Competencias que establezcan deberes
de buena gobernanza, de transparencia, de rendición de cuentas y de responsabilidad fiscal. Dada la complejidad de implementar este proceso de descentralización en un contexto de crisis sanitaria, económica y social, y de una compresión en un periodo más corto de un ya intenso calendario electoral, nos parece pertinente el debate sobre la eventual postergación de la elección de gobernadores regionales.
• Nos parece fundamental generar las condiciones para que la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y los Planes Regionales de
Ordenamiento Territorial (PROT) se transformen en instrumentos que contribuyan a concretar un desarrollo productivo sustentable en el territorio y para reducir el riesgo que, por el contrario, se transformen en una traba.
• Tenemos la convicción de que avanzar en la descentralización del país es una tremenda oportunidad para favorecer el desarrollo de las regiones, y que para enfrentar este desafío necesitamos trabajar desde ya en el fortalecimiento del capital humano.
Descentralización política y administrativa
• Elaborar una hoja de ruta de descentralización, un proceso gradual e inteligente de largo plazo e imparcial en criterios de asignación y financiamiento.
• Institucionalizar instancias de resolución de conflictos entre gobierno central y gobiernos regionales y locales.
• Implementar contratos de transferencia de competencias y potestad, desde el gobierno central a los gobiernos regionales y municipales.
• Permitir la asociación de regiones para conformar macrozonas que agrupen intereses y capacidades afines en torno a ciertos propósitos como por ejemplo la elaboración de estrategias de desarrollo comunes que sirvan de insumo relevante para sus respectivos PROT.
Crear un Fondo de Desarrollo Local
• Que se constituya con el aporte de un % de la inversión en proyectos productivos que sea crédito del impuesto que pagan las empresas centralizadamente.
• Que constituya un instrumento de descentralización y no de tributación adicional.
• Que canalice e institucionalice además los aportes de responsabilidad social que realizan las empresas asociadas a esos proyectos de inversión productivos.
Patentes Municipales
• Para permitir que una mayor fracción de las patentes se paguen en las localidades donde están las instalaciones productivas o comerciales, se proponen criterios alternativos de distribución más allá del número de trabajadores.
4 principios que proponemos establecer:
para priorizar -cuando sea eficaz y conveniente- las decisiones locales por sobre las centrales.
para implementar un proceso de descentralización inteligente.
para transferir competencias a cambio de estándares de gobernanza, transparencia y responsabilidad fiscal.
con nuestra condición de Nación y Estado unitario.
En un contexto de crisis de legitimidad de confianza hacia las instituciones, de gran dificultad para acordar hojas de ruta de mediano y largo plazo e incorporar soluciones diversas e innovadoras, proponemos la creación de un Consejo
Económico y Social (CES) o Comisión de Futuro (CF) (denominaciones alternativas de aquellos que se han creado en otros países), un órgano consultivo y propositivo que institucionaliza un espacio de diálogo donde converjan empresa (empleador y trabajadores), sociedad civil y academia para nutrir al poder Ejecutivo y Legislativo con propuestas para una estrategia de desarrollo sustentable.
La propuesta de SOFOFA se basa en el planteamiento que ha realizado un grupo de 35 personas que suscribió la carta “Un Camino Posible”, hecha pública en diciembre del año 2019, en la que participó nuestro presidente, Bernardo Larraín, un ex presidente, un ex vice-presidente y dos consejeros de nuestro gremio.
El CES o CF, tendría la misión de abordar temas de alcance nacional y transversal, y estaría a su vez compuesto por 4 Consejos macro-zonales (zona norte, zona Metropolitana – Valparaíso, zona centro – sur y zona sur – austral) conformados en igual número de trabajadores (3), empresarios (3), organizaciones sociales y territoriales (3) y también personas del mundo de la cultura, el arte y la academia (3).
El CES o CF, deberá tener una interacción institucionalizada con los poderes Legislativo (presidencia del Senado y la Cámara de Diputados) y Ejecutivo (Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda), en donde cada uno de los 4 actores podrá tener un representante como observador de cada CES macro zonal.
A nivel organizacional, el CES o CF contará con un Equipo Ejecutivo remunerado, conformado por una Dirección Ejecutiva y una Secretaría Técnica. La primera articulará el funcionamiento del CES y su relación con los poderes ejecutivo y legislativo, y la segunda proveerá la información requerida para la toma de decisiones y contará con la asesoría técnica de centros de estudio y universidades.
Finalmente el CES o CF propone un método distinto, con dispositivos de participación que integren la opinión ciudadana, de los expertos y la de organizaciones de la sociedad civil, tanto en el ámbito nacional como en el regional. Que comienza por hacerse las preguntas asociadas al desafío específico y que es versátil en cuanto a los espacios donde buscar las respuestas: algunas serán propias del marco constitucional, otras del ámbito cultural, unas de la modernización del Estado y muchas residirán en espacios de colaboración pública privada (sociedad civil, organizaciones territoriales, academia y empresa).
3 principios que proponemos establecer:
de mundos (empresa, sociedad civil y academia) para enriquecer el debate que permita construir hojas de ruta dinámicas y flexibles para enfrentar desafíos país.
para romper inercias de las dinámicas del debate político.
entre el sentido común ciudadano, la técnica y la evidencia.
Tal como hemos sostenido reiteradamente, no hay mejor política social que el crecimiento económico o, en otras palabras, los esfuerzos para incluir y proteger a los sectores más vulnerables y a la clase media requieren de un país que progresa. Y a la inversa, el crecimiento sólo es sustentable en el largo plazo si es que genera oportunidadades de desarrollo para todos y protege a los que se quedan atrás por diversas circunstancias ajenas a su propia voluntad y esfuerzo. Por lo tanto, una hoja de ruta económica y social debe contemplar esfuerzos en ambas dimensiones, los que deben complementarse en un virtuoso y necesario equilibrio.
La crisis sanitaria no sólo afectará la salud de miles de personas, quitándole la vida a cientos de compatriotas, sino que también paralizará nuestra economía y producción a niveles no vistos en los últimos 50 años. Si no empezamos ya -con la colaboración del Estado, empresas y sociedad civil- a trazar una hoja de ruta económica y social dinámica y flexible con una mirada de largo plazo pero con estaciones en el camino, esta crisis impactará de forma decisiva a muchos ciudadanos, especialmente a los más vulnerables y a las clases medias, frustrando sus posibilidades de desarrollo, afectando a sus empleos e ingresos y resultando en un dramático deterioro de su nivel y calidad de vida.
Políticas Públicas
El país deberá levantarse y cuanto más demore, más duras serán las consecuencias. Los países están hoy focalizando sus acciones en controlar la pandemia para cuidar la salud de las personas, y al mismo tiempo en mitigar sus impactos económicos y sociales. Asumen que la oposición entre salud y economía es un falso dilema. Más pronto que tarde debemos pasar del modo control y mitigación, a un modo de reactivación con una mirada de largo plazo, una reactivacion que integra en una sola hoja de ruta la agenda social y económica. De igual forma que el Estado debe extremar sus esfuerzos para ayudar a quienes más los necesitan, directamente o a través de tantas empresas detrás de las cuáles se juega el futuro de muchos trabajadores y sus familias, así como el de redes de proveedores y clientes. Tanto personas como empresas han tenido que reducir fuertemente su actividad económica por razones ajenas a su propia voluntad y esfuerzo. También requerimos generar los incentivos para recuperar nuestra economía, asumiendo las transformaciones asociadas a la Cuarta Revolución Industrial que ya se venían observando y que ahora sólo se han acelerado, elaborando una hoja de ruta para el corto y mediano plazo.
Debemos tomar esta crisis como una oportunidad para trazar una hoja de ruta económica y social, que en la dimensión de crecimiento equilibre reactivación, empleo, productividad, innovación, diversificación y digitalización. Un crecimiento inclusivo; que asume que empresa grande-Pymes-emprendedores-trabajadores-desempleados-consumidores son eslabones de una misma cadena llamada economía. Y por último un crecimiento sustentable, que asume la economía circular y reduce su huella hídrica y de carbono.
3 principios que proponemos establecer:
como imperativo inicial de incluir a quienes no tienen oportunidades de empleo.
como punto de encuentro entre calidad de vida y derechos de trabajadores y productividad de la empresa.
como condición mínima para la generación de oportunidades.
Debatir sobre el futuro de trabajo y cómo lo organizamos hoy, en un contexto marcado por los efectos de la crisis social y la pandemia en el empleo y por una aceleración de las tendencias de la Cuarta Revolución Industrial como la digitalización y la automatización, es más importante que nunca.
Hasta hace algunos meses se debatía arduamente si es que incorporar mayores grados de flexibilidad y adaptabilidad temporal y espacial a nuestro sistema laboral generaba una mayor precariedad en perjuicio de los trabajadores. Hoy vemos con dureza como la mayor precariedad está en los desempleados, los inactivos (que ni siquiera pueden acceder a la fuerza laboral) y los que han tenido que optar por un trabajo informal o por cuenta propia, que ya alcanzan un 30% de los ocupados. Los inactivos, los desempleados y los informales lamentablemente aumentarán como consecuencia de la pandemia, lo que se amplificará por la aceleración de tendencias asociadas a la Cuarta Revolución Industrial como son el trabajo a distancia, el comercio electrónico, la tele-medicina, la tele-educación y la robotización de las instalaciones productivas, sobre todo si mantenemos un marco regulatorio laboral rígido que mira más la economía del siglo pasado que la economía del siglo XXI.
Las brechas de desarrollo entre los países que están cerca de la frontera de adopción tecnológica y aquellos más distantes, sólo aumentarán. Un necesario plan de reactivación del empleo, que más pronto que tarde debemos desarrollar, es la ocasión propicia para enfrentar los desafíos de largo plazo de nuestro sistema laboral.
• Un plan de reactivación del empleo que combine subsidios al empleo, incentivos a la contratación local y programas de reconversión laboral y capacitación aplicable a tres universos:
- Excluidos del mercado laboral: jóvenes de educación técnica media y superior, mujeres y adultos mayores.
- Desempleados y con suspensión laboral de contratos de trabajo.
- Trabajadores expuestos a riesgos de ser desplazados por la automatización y la digitalización.
Proponemos extender los programas y proyectos Talento Digital que desarrollamos junto con el Ministerio de Hacienda, la Fundación Chile y Kodea, el proyecto Redes desarrollado bajo la iniciativa público privada Compromiso País y el proyecto “Reconversión Laboral Inteligente”.
• Ampliar espacios de libertad entre trabajadores y empleadores para lograr acuerdos que equilibren la calidad de vida de las personas trabajadoras con productividad de la empresa, al menos en las siguientes materias:
- Por un lado, la jornada laboral, en cuanto a extensión, distribución y lugar de trabajo, para favorecer las diversas preferencias y requerimientos de las personas. Como SOFOFA proponemos la implementación de jornadas alternativas libremente pactadas, el trabajo por horas, los turnos discontinuos y las jornadas excepcionales, estatutos especiales y trabajo a trato con remuneración variable.
- Por otra parte, la polifuncionalidad para que los trabajadores puedan desempeñar diversas funciones en el lugar de trabajo, en un contexto donde los roles únicos y rutinarios tienden a ser reemplazados por la automatización, lo que es posible sin precarizar los derechos de los trabajadores. Diversos estudios han mostrado el potencial que tiene el personal multifuncional como herramienta de flexibilidad laboral. Creemos que lo correcto es ampliar la actual limitación impuesta sobre las otras labores que sean encomendadas por el empleador, para que deban ser similares a las establecidas en el contrato de trabajo, a fin de aumentar los posibles esquemas de flexibilidad a través de la multifuncionalidad.
- En tercer lugar, tiempo destinado a la capacitación fuera de la jornada laboral, si es que se pactan reducciones de jornada respecto de la extensión máxima legal. En esta línea, y para también preparar al trabajador para la polifuncionalidad, proponemos establecer como facultad del empleador el destinar una parte de la eventual reducción de la jornada laboral libremente pactada por las partes, a capacitación.
- Y finalmente la movilidad. Según el Foro Económico Mundial (2017-2018), en materia de terminación de contrato, nuestro país se encuentra entre aquellos con mayores rigideces, ocupando el lugar 112 entre 137 países. Si se considera el período de aviso y el monto pagado por indemnización, el costo de desvincular a un trabajador con cinco años de antigüedad es de aproximadamente 26 semanas de remuneración, en tanto el costo promedio de los países OCDE es de 14 semanas. Considerando estos antecedentes, y con el objetivo de dinamizar el movimiento de personas entre industrias y empresas, proponemos crear un sistema alternativo de indemnización legal por término de contrato libremente pactado por las partes sin que reemplace al actual sistema de indemnización (pudiendo los trabajadores con contratos vigentes adherirse voluntariamente), aplicable a todo evento (independiente de la causal de término de la relación laboral).
3 principios que proponemos establecer:
como punto de encuentro entre calidad de vida de la persona trabajadora y productividad de la empresa.
para que la empresa y sus trabajadores puedan pactar cómo organizar el trabajo en un marco de flexibilidad.
en la relación entre empresa y trabajadores.
En un contexto marcado por los efectos de la crisis social y la pandemia en la inversión y por una aceleración de las tendencias de la Cuarta Revolución Industrial como la digitalización y la automatización, revista especial importancia plantearse el desafío de reactivar la inversión.
Debemos integrar una mirada de corto plazo que responde a la contingencia y una mirada de largo plazo que incluye modernizar la institucionalidad media ambiental, el principal filtro por donde pasa la inversión en Chile.
Compatibilizar la protección del medio ambiente con el crecimiento económico es fundamental. Es por ello que se requiere reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el principal filtro por donde pasa la inversión en Chile, para equilibrar:
• El cuidado del medio ambiente.
• Una participación ciudadana incidente, la vocación territorial y expectativas de sus habitantes.
• Certeza jurídica y previsibilidad de los plazos requeridos para la adopción de decisiones de inversión.
Pero ¿cómo queremos lograr esto? A través de instancias de participación anticipadas en el proceso de evaluación ambiental de proyectos de inversión. Estamos seguros de que la forma de hacerlo es mediante estos espacios, en donde los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) y las comunidades territoriales expongan sus consideraciones, para que, de esta manera, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) establezca los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental que el inversionista deberá someter a la etapa de evaluación. Para reducir la incertidumbre y aumentar la predecibilidad de criterios y plazos, es importante que esta etapa de participación ciudadana anticipada finalice con una resolución administrativa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Como SOFOFA, hemos puesto en el debate público la importancia de modernizar y -de esta manera- perfeccionar el SEIA, ya que sabemos que el crecimiento económico no se podrá transformar en crecimiento sustentable de largo plazo si no se moderniza el principal procedimiento administrativo por donde pasan las inversiones.
• Un plan de reactivación de la inversión que al mismo tiempo colabore con la reactivación económica de corto plazo y con desafíos económicos, sociales y medio ambientales de largo plazo como son, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura y tecnología para enfrentar los desafíos hídricos, de carbono neutralidad y de economía circular del país; y el desarrollo de una moderna red de infraestructura y comunicación aérea, marítima, terrestre y portuaria. Diseñar un sistema ad hoc de aprobación de proyectos contenidos en el plan de reactivación que sirva de base para una modernización de la institucionalidad medio ambiental. El plan de reactivación de la inversión deberá combinar obras públicas, concesiones y proyectos privados.
• Una modernización de la Institucionalidad Medio Ambiental:
1. Participación ciudadana temprana:
Incorporar a la evaluación ambiental una instancia de participación ciudadana temprana (PCT) en la que los OAECA y las comunidades del territorio del proyecto expongan sus consideraciones esenciales, la que termine con un acto administrativo que define los términos de referencia con los contenidos esenciales del EIA, los elementos generales esenciales del proyecto asociados a su compatibilidad con el ordenamiento territorial del territorio, sus impactos medio ambientales principales, y la forma para mitigarlos o compensarlos. Entendemos que, de acuerdo con las reglas generales del Convenio N° 169 de la OIT, si la participación ciudadana anticipada termina con un acto administrativo, podría proceder la Consulta Indígena en esa misma fase de participación ciudadana temprana.
2. Evaluación Técnico Ambiental:
Una evaluación ambiental robusta sólo puede realizarse desde una plataforma normativa lo suficientemente compleja como para circunscribir los espacios de análisis discrecionales a los impactos ambientales generados por la especificidad del proyecto, para lo cual las modelaciones y análisis de suficiencia de las mismas deben restringirse a las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas por el titular. Sólo así el SEIA podrá operar en el campo que le es propio, a saber, un tercer nivel de gestión ambiental sitio-específico avocado tanto a la verificación del cumplimiento normativo de los instrumentos de gestión ambiental de primer y segundo nivel, como a la internalización de efectos ambientales significativos a través de medidas de mitigación, compensación y reparación específicas.
internalización de efectos ambientales significativos a través de medidas de mitigación, compensación y reparación específicas.
3. Segunda instancia de revisión administrativa:
Recomendamos incluir una segunda instancia de revisión administrativa, circunscrita únicamente a aspectos técnicos de un proyecto, que pudiesen presentar reparos en la fase de evaluación.
4. Revisión de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA):
Nos preocupa la propuesta en torno a incluir la posibilidad de una revisión, a solicitud del titular o la Superintendencia del Medio Ambiente, de la Resolución de Calificación Ambiental que califique un proyecto ingresado por Declaración de Impacto Ambiental, sumándose al universo de revisiones conformadas por RCAs que califican proyectos ingresados por Evaluaciones de Impacto Ambiental, según lo dispone la legislación vigente. Proponemos no innovar en torno a esta institución, manteniéndose el estado actual de la norma.
5. Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) Mixtos y ventanilla única:
Implementar en el SEIA una ventanilla única para los permisos sectoriales considerando la operatividad que puedan tener las tramitaciones de PAS Mixtos.
6. Modificación y actualización de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA):
Un procedimiento de actualización de RCA, simplificado y ejecutivo, ante cambios menores o que no son de consideración, para incorporar el dinamismo de los proyectos o actividades sometidas a evaluación. Se deben distinguir entre cambios de consideración que deben ingresar al SEIA; cambios de consideración que deben ingresar al SEIA vía procedimiento simplificado y; cambios de no consideración que modifican la RCA y que sólo debiesen ser informados.
7. Fortalecimiento del SEA:
Modernización del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que le permitan tanto coordinar a los órganos sectoriales que intervengan en la evaluación, como hacerse cargo de las instancias de participación. Para una efectiva Modernización del SEA es relevante avanzar en lo siguiente:
• Transformarlo en una Agencia Autónoma del Estado con un cuerpo colegiado como dirección superior.
• Aumentar el conocimiento técnico de las instancias de evaluación, la dotación de profesionales, y modernizar su estructura orgánica.
• Definir e implementar criterios comunes a nivel nacional, generar guías e instructivos para la evaluación ambiental, transferir conocimientos al interior del SEA o perfeccionar la coordinación con Órganos de Administración del Estado con competencia Ambiental (OAECA).
• Gestionar recursos tecnológicos o asistencia técnica a comunidades.
8. Fortalecimiento de los Tribunales Ambientales:
Recomendamos robustecer las capacidades técnicas y jurídicas de los Tribunales Ambientales, modificando su actual sistema de nombramiento y aumentando los medios probatorios del procedimiento ambiental.
3 principios que proponemos establecer:
entre protección del medio ambiente, participación ciudadana, vocación territorial y desarrollo de proyectos de inversión.
a través de un proceso en dos etapas (screening y scoping) que resuelva las consideraciones políticas y territoriales tempranamente.
del SEA para administrar el SEIA y resolver la calificación ambiental con una mirada de largo plazo que trasciende el ciclo político.
El 24 de febrero de 2020 se publicó el Proyecto de Ley de Modernización Tributaria, que fue despachado por el Congreso tras la ratificación, en el Senado y la Cámara de Diputados, del acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del Ministerio de Hacienda.
El proyecto sufrió importantes ajustes durante su tramitación, en especial tras los hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre de 2019, lo que llevó al Ejecutivo y a la oposición a un marco de acuerdo para incrementar la recaudación fiscal de forma progresiva, con el objetivo de financiar parte de los mayores gastos sociales.
El proyecto aprobado permitirá recaudar USD 2.204 millones cuando entre en total vigencia en 2024, es decir, cerca de 1 punto del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. Lo anterior es un incremento sustancial respecto de la recaudación esperada en el proyecto original (USD 428 millones).
Considerando que el objetivo de una modernización tributaria debe ser también incentivar la inversión e impulsar el crecimiento económico, y que éste fue desplazado en el acuerdo tributario referido, creemos pertinente mantener en el debate público una serie de medidas pro-inversión, que sean compensadas por la limitación, reducción o eliminación de exenciones y regímenes especiales. Un espacio adecuado para ello es la comisión revisora del llamado gasto tributario, comprometida en el acuerdo tributario entre el Ministerio de Hacienda y senadores de la Comisión de Hacienda del Senado. Este acuerdo contempla que la eventual eliminación o limitación de alguna de las referidas exenciones o asimetrías tributarias se destinen a reducir el impuesto respectivo (IVA o impuesto
de primera categoría según de que exención tributaria se trate) y a aumentar la recaudación. El desafío es entonces reemplazar los incentivos a la inversión para algunos sectores o contribuyentes, por incentivos transversales a la inversión de todos. Las medidas que proponemos tienen como objetivo incentivar la inversión y el ahorro para dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el desarrollo integral, sin reducir la recaudación necesaria para la provisión del Estado de bienes públicos. Una vez acordada una estructura tributaria óptima, proponemos una hoja de ruta de mayor recaudación tributaria coherente con mayores niveles de desarrollo.
• Reducción gradual de la tasa de impuesto corporativo para avanzar en competitividad tributaria, alcanzando paulatinamente una tasa en torno al promedio de impuestos de los países de la OCDE (21,5%).
• Depreciación acelerada/instantánea. Otorgar carácter de permanente a los ajustes propuestos al esquema de depreciación acelerada y equipararnos a los países de la OCDE en el tratamiento de los activos intangibles.
• Fondo de desarrollo local, que permita a los proyectos de inversión distribuir parte de los beneficios que generen en forma descentralizada.
• Incentivo a la inversión en emprendimientos dinámicos de base científica y/o tecnológica (EBT) en etapas de escalamiento para potenciar los ecosistemas de i+e.
• Tasa de interés nocional al capital invertido para eliminar el actual tratamiento tributario diferenciado y discriminatorio en beneficio de la deuda y en perjuicio al capital.
• Disminución gradual del umbral de base de renta exenta de impuestos personales incluyendo un tramo de impuesto a la renta negativo para los sectores de menores ingresos.
• Establecer un impuesto único a las emisiones que reemplace el impuesto específico a los combustibles.
• Eliminar gradualmente el régimen de renta presunta.
• Revisar las exenciones de IVA en ciertos servicios empresariales, en la construcción, entre otros sectores.
• Revisar la elegibilidad y precisar las condiciones para las exenciones tributarias del mercado de capitales.
3 principios que proponemos establecer:
del régimen tributario para la inversión y el crecimiento.
tributaria horizontal y vertical.
del sistema tributario para propiciar un buen ambiente de negocios procurando eficiencia en el pago, recolección y fiscalización de los impuestos.
Es incuestionable que la productividad se ha estancado en los últimos diez años, que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) es baja y que no hay espacios suficientemente profundos de colaboración entre la academia, centros de investigación, emprendedores, inversionistas y empresas, para enfrentar desafíos transversales.
Para elevar la productividad de nuestra economía es clave una mayor adopción y transferencia tecnológica, inversión en I+D y la participación en plataformas de innovación abiertas. Nuestro norte es justamente colaborar a través de políticas públicas y de acciones empresariales como el SOFOFA Hub, a conectar a las empresas con ecosistemas de innovación, para incorporar soluciones tecnológicas innovadoras a desafíos transversales y urgentes como lo son el cambio climático, la economía circular y la transformación digital, entre otros.
Para avanzar en esto, necesitamos sin duda a 4 actores relevantes: las empresas, las universidades y los centros de investigación; las start-up y los emprendedores; y finalmente la industria de capital de riesgo.
Estamos seguros de que la frontera de la productividad sólo puede expandirse a los horizontes de vanguardia, a través de una mayor inversión de las empresas líderes en innovación a través de la inversión en adopción
o transferencia tecnológica y en investigación y desarrollo. Mientras más colaboración exista entre empresas, Estado, academia, y sociedad civil para enfrentar desafíos pre-competitivos transversales, y encontrar soluciones que impacten positivamente al país, más podremos avanzar en esta materia.
• Fomento a los emprendimientos de base tecnológica, mediante el incentivo a través de beneficios tributarios al financiamiento e inversión por parte de family offices, empresas e inversionistas institucionales.
• Fomento a la Investigación y Desarrollo, ampliando el beneficio tributario (Ley 20.241), el concepto de tipo de gasto elegible y el tope anual del monto del crédito al que tiene derecho el contribuyente.
• Desarrollo de un marco regulatorio que pondere la protección de la privacidad y el uso del entorno digital para la propiedad intelectual.
3 principios que proponemos establecer:
para las empresas productivas agregando valor a la oferta de soluciones tecnológicas innovadoras.
en la empresa para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
entre empresas, Estado, academia y sociedad civil para identificar y enfrentar desafíos pre-competitivos transversales y encontrar soluciones de base científica y tecnológica que impacten positivamente en la productividad del país.
Chile lidera el ranking de la OCDE como el país con la mayor complejidad regulatoria, con más de 300.000 normas vigentes, y es la sexta economía con mayores barreras al emprendimiento y la competencia, a pesar de que nuestro país se ubicó por segundo año consecutivo en el puesto 33 en el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum. A pesar de que somos uno de los países con mayores tasas de creación de empresas, hay una brecha importante en el escalamiento e internacionalización de dichos emprendimientos. Adicionalmente mantenemos brechas con las economías más desarrollados en el tamaño relativo de la economía de servicios. Finalmente, creemos que en el sector empresarial debemos profundizar la evolución hacia una relación moderna, justa y transparente con clientes y proveedores.
Con estos antecedentes, y en el marco del Consejo General realizado en agosto de 2019, presentamos al entonces Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, un documento con 51 propuestas para aumentar la competencia y la productividad.
Se identificaron y analizaron regulaciones que representaran barreras a la competencia en diversos sectores del país, a la libre movilidad de clientes y a la transparencia en la información, entre otras materias. El objetivo de las propuestas es incrementar la libre competencia en los mercados en beneficio de clientes y proveedores.
Este trabajo surge de la Agenda de Simplificación Regulatoria (+Simple = Mejor) que se venía desarrollando en SOFOFA desde el año 2017.
El documento entre otras cosas, propone eliminar las asimetrías en los procesos de afiliación y desafiliación de clientes en mercados de servicios; las barreras regulatorias de entrada de nuevos actores en ciertos mercados; y las restricciones de duración y niveles de presencialidad que algunas regulaciones establecen para carreras técnico profesionales, y que limitan la posibilidad de una formación continua constituida por cursos que puedan ser impartidos en forma remota.
Las iniciativas están asociadas a diversos sectores como combustibles, acuicultura, salud, energía, cabotaje, alimentos, supermercados, medios de pago, industria bancaria, capital de riesgo, entre otros.
4 principios que proponemos establecer:
proactivo y sistemático con la libre competencia en los mercados.
de las regulaciones para que todos puedan desarrollar la actividad empresarial en igualdad de condiciones.
de la gestión empresarial para responder al creciente escrutinio de inversionistas, consumidores y reguladores.
procurando productos y servicios de buena calidad, información suficiente y clara y un servicio de excelencia.
Hasta el pasado 30 de octubre, Chile iba a ser el anfitrión de la COP25, cumbre que se celebra todos los años en diferentes lugares del mundo y que congrega a políticos, académicos, representantes de la sociedad civil y de la empresa, para hablar sobre un solo tema, el cambio climático.
Debido a los hechos ocurridos luego del 18 de octubre, este escenario cambió, pero no por eso nuestro trabajo. Como asociación gremial, vimos una oportunidad de aportar a través de la invitación a nuestras empresas socias a hacer un levantamiento de las acciones climáticas que estaban realizando en materia de mitigación. Este catastro fue enviado al Ministerio del Medio Ambiente con la información de los proyectos, su sector, bajada, indicadores, y si eran aplicables colectiva o individualmente.
Además, durante 2019 realizamos 4 foros en relación con el cambio climático. En estas instancias se levantaron temáticas que desde el mundo empresarial creíamos eran relevantes para que fueran discutidas en la COP25. Más de 1.700 personas participaron de estas conversaciones.
Adicionalmente, participamos activamente en el debate e hicimos comentarios al Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, además de entregar nuestras observaciones a la propuesta de actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).
En materia de resiliencia hídrica, es sabido que Chile tiene grandes y urgentes desafíos, particularmente en materia de uso del agua en el contexto de escases hídrica. En este sentido, las empresas de sectores como la agro-industria, energía, la minería, entre otros, no son ajenas a estos riesgos pues pueden afectar fuertemente su viabilidad en el mediano y largo plazo. En particular, respecto a los recursos hídricos se proyecta una disminución drástica de la disponibilidad de agua en el país y un mayor número de eventos
extremos. Esto expone al riesgo climático a aproximadamente un 80% de las exportaciones del país (minería, agroindustria, pesca, agricultura, forestal, viticultura), pudiendo aumentar, por ejemplo, el estrés hídrico en un 40% en las zonas mineras de aquí a 2030. Debemos por lo tanto aumentar la resiliencia de nuestra economía a la escasez hídrica, para lo cual se requerirá el uso de datos, modelos climáticos y análisis geoespacial que sustente adecuadamente la priorización de las inversiones que se requerirán para enfrentar este desafío.
La urgencia y magnitud de las acciones para hacer frente al desafío del cambio climático necesitan el impulso y apalancamiento de políticas públicas que fomenten (i) inversiones en adaptación, reducción y absorción de emisiones, y (ii) cambios de hábitos en la población. Para ello, se requiere institucionalizar una gobernanza público-privada capaz de gestionar con dinamismo y flexibilidad una Estrategia Climática de Largo Plazo que permita alcanzar la meta de carbono neutralidad al 2050, en total coherencia con la meta de alcanzar un desarrollo integral pues los países que se desarrollan económica y socialmente están mejor preparados para adaptarse al cambio climático y para contribuir a su mitigación.
SOFOFA, sus empresas y gremios asociados aspiramos a ser un agente activo en la lucha contra el cambio climático y la escasez hídrica articulando a nuestras empresas socias en el desafío de implementar rutas costo eficientes de des-carbonización, adaptación y resiliencia hídrica. Las acciones costo eficientes que cada país pueda implementar, no serán suficientes si al mismo tiempo no se logra un acuerdo global para generar un mercado global de reducción de emisiones con un libro de reglas transparente y justo e instrumentos financieros que permitan su financiamiento. Chile tiene el potencial de posicionarse como un exportador de reducción de emisiones al resto del mundo.
4 principios que proponemos establecer:
técnico-político-empresarial-sociedad civil para acordar metas, instrumentos y políticas públicas que consideren los costos, impactos y factibilidad para alcanzar la carbono neutralidad.
entre regulaciones y metas, estableciendo incentivos para impulsar y acelerar el proceso y eliminando las contradicciones que obstaculizan su cumplimiento.
y costo eficiencia internacional como fundamento para alcanzar el desarrollo económico y social del país y avanzar en la acción climática.
del sector privado para colaborar a la meta de carbono neutralidad a través de medidas costo eficientes.
Los efectos acumulativos de brechas históricas, la crisis social y la pandemia afectan con más fuerza a las personas y familias más vulnerables. Muchos ya anticipan que aumentará la pobreza y las dificultades de acceso a bienes públicos esenciales como la vivienda, la salud y la educación. Aumentará también el desempleo y la informalidad, las dos principales fuentes de precariedad. Existen capacidades y recursos para enfrentar los desafíos asociados a la pobreza y a las desigualdades injustas en el Estado, en la sociedad civil y en la empresa. Hay rincones donde está presente la pobreza y donde lamentablemente el Estado no llega con suficiente agilidad, eficacia y soluciones innovadoras. En SOFOFA proponemos una agenda que integre estas capacidades en una lógica colaborativa más que excluyente.
Proponemos mirar las capacidades existentes en el Estado, en la sociedad civil y en la empresa con una lógica pragmática que ponga por delante los objetivos; y la eficacia y la eficiencia para alcanzarlos.
Proponer un marco legal que fomente una filantropía moderna que no sólo aporte recursos a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan los desafíos vinculados con la pobreza y las desigualdades injustas, sino que también fortalezca sus capacidades de gestión, de gobernanza, de transparencia y de rendición de cuentas. Que también fomente un ecosistema de mayor libertad en el ámbito legal, con reglas de juego simples, claras y simétricas que genere confianza en sus integrantes: Estado, fundaciones, empresas y personas.
al centro de los programas sociales
entre Estado, sociedad civil y empresa
y pragmatismo en los instrumentos
Desde comienzos de este año, Chile y el mundo han estado experimentando una compleja emergencia sanitaria producto del Covid-19. En este contexto, desde SOFOFA, debimos reenfocar nuestra agenda de trabajo y focalizarnos en el apoyo para hacer frente a esta pandemia en una acción coordinada de cooperación público-privada.
Junto con las ramas de la CPC creamos el Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile al alero de la causa SiEmpre (Solidaridad e Innovación Empresarial) para que junto con nuestras capacidades de gestión y articulación, podamos colaborar en las necesidades más apremiantes en esta emergencia sanitaria, las que se han ido definiendo coordinadamente con las autoridades nacionales, en función de las prioridades determinadas.
La meta inicial del Fondo era de 50 mil millones de pesos con compromisos de aportes de personas, empresas, grupos y familias empresarias, sin embargo, a la fecha de cierre de este documento, se había casi duplicado la meta inicial llegando a recaudar alrededor de $94.000 millones.
Este fondo tiene tres grandes objetivos:
1. Colaborar para enfrentar desafíos públicos, con agilidad, eficacia y sentido de urgencia.
2. Entregar capacidad de gestión, articulación e innovación empresarial; infraestructura; redes y recursos que permitan al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil cumplir con su misión durante el periodo de la pandemia.
3. Aportar con el diagnóstico de acciones y con planes operacionales focalizados, en un esfuerzo por avanzar paralela y complementariamente al esfuerzo público.
Tanto los recursos reunidos, como el aporte en capacidades, infraestructura, redes y gestión del mundo empresarial se han ido concretando a través de diversas iniciativas entre las que destacan el aporte de aproximadamente $17 mil millones a casi 50 organizaciones de la sociedad civil que tienen bajo su cuidado a más de 300.000 personas que se encuentran en la población de riesgo; la donación de 500 ventiladores mecánicos para fortalecer la red de salud frente a esta pandemia (al cierre de esta publicación ya se habían entregado 306 unidades); el aporte de más de $5 mil millones al proyecto liderado por la ACHS y el SENAMA, “Ellos nos Cuidaron, Ahora es Nuestro Turno”, para prevenir el contagio y cuidar a 8.000 adultos mayores que viven en más de 200 centros; la formación de un fondo de adopción tecnológica de $2 mil millones liderado por SOFOFA Hub que aportó recursos para el financiamiento de la etapa de validación preclínica de 5 prototipos de ventilación mecánica hechos en Chile; y la donación de 200 mil reactivos para kits PCR.
La emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus y las medidas de distanciamiento social, cierre de fronteras y cuarentenas impuestas para enfrentarla; así como también la crisis social que la antecedió, provocarán cambios relevantes en nuestra forma de vivir de ahora en adelante. Sabemos que esta crisis sanitaria vendrá inevitablemente acompañada de una crisis económica global que, en nuestro caso como país, se verá agravada por los efectos de las manifestaciones sociales que vivimos a fines de 2019.
Es por ello que desarrollamos “Reflexión COVID-19”, un ciclo de conversatorios transmitido vía streaming por Emol sobre las nuevas preguntas y desafíos que estas circunstancias nos presentan. Queremos contribuir a romper las inercias que traíamos antes de la pandemia, y así ser protagonistas en la construcción del futuro que queremos, en lugar de ser observadores del futuro proyectado. Para lograrlo, trabajamos en este ciclo donde reunimos a diferentes líderes políticos, académicos, empresariales y de la sociedad civil para anticipar debates sobre los nuevos desafíos que enfrentaremos tan pronto la pandemia haya pasado.
Este ciclo se desarrolló entre abril y mayo de 2020, y contó con la moderación nuestro presidente, Bernardo Larraín. Estos conversatorios abordaron 4 temas: El desafío de crecer; El desafío de incluir y proteger; El desafío de fortalecer la institucionalidad; y El desafío de la ciudad. Estamos convencidos de que estos temas son eslabones de una misma cadena, puesto que consideramos que la mejor política de protección e inclusión social, es precisamente el crecimiento, y para crecer es fundamental incluir y proteger a los que se queden en el camino por diversas circunstancias, y ambas cosas no son viables sin un marco institucional que cuente con respaldo de la cuidadanía. Bajo esta mirada fue que el viernes 22 de mayo realizamos un último conversatorio llamado “La hoja de ruta para el día después”, instancia en la que nuestro presidente conversó con el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, haciendo un cierre de ciclo y abordando los principales temas que se habían relevado en los capítulos anteriores.
Siguiendo la misma línea de nuestro ciclo Reflexión Covid-19, la plataforma Emisor Podcasting, se interesó por abordar los escenarios futuros que plantea la pandemia desde la mirada de diferentes líderes de opinión y por ello creó un nuevo espacio llamado “El Día Después”, el cual es moderado por nuestro presidente, Bernardo Larraín y se transmitirá quincenalmente.
En la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en la ciudad de Lima, entre los días 4 y 6 de julio de 2019, nuestro presidente, Bernardo Larraín, y también presidente del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial, recibió de manos de su par peruano, la presidencia pro témpore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), cargo que desempeñará hasta diciembre de 2020. Durante su presidencia en el CEAP, se han alcanzado logros relevantes como la mejora en la institucionalidad del Consejo, a través de la creación de una Secretaría Técnica; y la elaboración de una agenda empresarial reflejada en el documento “Compromiso y Reporte Empresarial de la Alianza del Pacífico”.
La Alianza del Pacífico nace en abril de 2011 como una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Su objetivo es profundizar y promover la relación entre estos países que comparten una visión del desarrollo y crecimiento basada en la apertura e integración de sus economías al mundo, mediante la búsqueda de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; convirtiéndose así en una plataforma de integración con otras economías, específicamente en la región Asia-Pacífico.
Para julio de 2020 teníamos la misión de organizar la Cumbre Empresarial en el marco de la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizaría en Chile. No obstante, a raíz de la pandemia mundial por Covid-19, se debió postergar este encuentro y repensar su agenda, la que estará enfocada en la nueva realidad de la economía y del comercio que enfrentará la AP post pandemia.
En marzo de 2020, el CEAP se reunió en la ciudad de Washington, en el marco del “Diálogo Público-Privado sobre Gestión Sostenible de Plástico y Economía Circular de la Alianza del Pacífico” convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio del Medio Ambiente de Chile.
En esta oportunidad, el Consejo Empresarial revisó el avance de cada una de las dimensiones prioritarias, haciendo especial énfasis en las iniciativas empresariales. Para esto, el Capítulo Chileno presentó el documento “Compromiso y Reporte Empresarial de la Alianza del Pacífico” (CyP-AP).
Reunión del CEAP en Washington DC
El CyP-AP es un instrumento que busca fortalecer al CEAP como una plataforma de articulación, coordinación y desarrollo del mundo empresarial, a través de la adopción de buenas prácticas y la promoción permanente de una evolución empresarial, que enfrente los nuevos desafíos que impone la sociedad y una economía que cambia a gran velocidad.
Este documento se inspira en la definición que tomó el CEAP en Lima, de no sólo incluir en su agenda temas que requieren cambios regulatorios -legales o normativos- por parte de los gobiernos, sino que también iniciativas cuya ejecución dependan del mundo empresarial. Es decir, que correspondan a legítimas demandas de la sociedad hacia las empresas, y además sean imperativos de adaptación empresarial a una sociedad y economía marcadas por el cambio social, tecnológico y climático; y finalmente que representen desafíos donde las organizaciones muestran brechas de adopción.
Para ello, se seleccionará en base al instrumento a empresas referentes (lighthouses) de cada país que sean un referente en adopción de buenas prácticas empresariales en las dimensiones que propone el reporte, de manera que puedan influenciar, guiar y facilitar la incorporación de estas prácticas en otras empresas de los países miembros de la AP.
Para definir a estas empresas, los miembros del CEAP deberán desarrollar un proceso, seleccionando a organizaciones destacadas en su país por cada dimensión (laboral; económica y competitiva; medio ambiental; y social). Las seleccionadas como lighthouses, serán aquellas que arrojen mejores resultados en la aplicación del CyP-AP para cada dimensión.
Los resultados de la primera fase de implementación se darán a conocer en la próxima Cumbre Empresarial de la AP, junto a la presentación del programa, el instrumento y las experiencias de las empresas lighthouses, para posteriormente promover encuentros e intercambios de buenas prácticas y conocimientos entre las distintas organizaciones que participen del evento.
Encuentro de Economía Circular para HUBs Empresariales de la AP en Colombia
En la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, en Lima, nuestro presidente Bernardo Larraín presentó -a los países de la AP- nuestra iniciativa SOFOFA Hub. La presentación fue bien recibida por los países miembros y también por el BID, el que ofreció su apoyo para fortalecer los hubs empresariales de innovación en los países de la AP.
Este proyecto se basa en la articulación de una red de buenas prácticas a través de los países de la Alianza, donde -a través del modelo de SOFOFA Hub- se fortalezcan los hubs empresariales de cada país, identificando oportunidades de colaboración entre los países miembros, mediante proyectos concretos.
En enero de 2020, realizamos un primer encuentro presencial en Medellín, Colombia. La actividad tuvo por objetivo priorizar los desafíos regulatorios, de mercado y empresariales que impone la economía circular. Sumado a esto, nos reunimos en marzo, al alero de en un encuentro de diálogo regional público–privado, en Washington D.C., Estados Unidos, donde la prioridad fue la gestión sostenible de los plásticos.
